HISTORIA DEL ESTADO PROFUNDO EN ESTADOS UNIDOS (II)

El «Proyecto Juicio Final» y los eventos profundos: el asesinato de JFK, el Watergate, el Irangate y el 11 de septiembre

En la segunda parte de su estudio sobre el Estado profundo estadounidense, Peter Dale Scott analiza el asesinato de Robert Kennedy, el Watergate y el escándalo Irán-Contras [también conocido como Irangate. NdT.]. Mediante la manipulación de esos hechos, el complejo militaro-industrial se apoderó progresivamente del poder en un país que ahora vive bajo un estado de urgencia permanente. Según este historiador canadiense, la primera exigencia de un movimiento como Occupy Wall Street debería ser la abrogación de la Patriot Act, que legaliza la solución de la crisis política en Estados Unidos por la vía militar.

Todos los eventos profundos anteriormente mencionados han conducido a la atribución a Washington de poderes represivos cada vez más numerosos. Por ejemplo, es evidente que la Comisión Warren utilizó el asesinato de Kennedy para recrudecer la vigilancia de la CIA sobre la ciudadanía estadounidense. Como escribí en mi libro Deep politics, era este el resultado «de las controvertidas recomendaciones de la Comisión Warren imponiendo que se ampliaran las responsabilidades del Servicio Secreto en materia de vigilancia interna (WR 25-26). Paradójicamente, esta última [la Comisión Warren] concluyó que Oswald había actuado solo (WR 22) […], pero también que el Servicio Secreto, el FBI y la CIA debían coordinar más estrechamente la vigilancia sobre los grupos organizados (WR 463). En particular, recomendó al Servicio Secreto que se dotara de una base informática de datos compatible con la que ya había elaborado la CIA» [1].

Este esquema se repetirá 4 años después con el asesinato de Robert Kennedy [también llamado RFK o Bobby]. En las 24 horas transcurridas entre los disparos que alcanzaron a Bobby Kennedy y su deceso, el Congreso adoptó con carácter urgente una ley ya redactada de antemano (como también lo estaban la Resolución del golfo de Tonkín de 1964 y la Patriot Act de 2001) –ley amplió nuevamente los poderes secretos conferidos al Servicio Secreto en nombre de la protección de los candidatos a la presidencia [2].
 No se trataba de un cambio insignificante o benigno. Esa ley, aprobada con la mayor premura bajo la administración Johnson, dio lugar a algunos de los peores excesos de la era Nixon. [3]

Ese cambio contribuyó también al caos y los actos de violencia ocurridos en 1968 durante la Convención Demócrata de Chicago. Agentes de vigilancia de la Inteligencia Militar asignados al Servicio Secreto operaban entonces dentro y fuera de la sala de reuniones. Varios de aquellos agentes equiparon a los «gamberros de la Legion of Justice, como la Chicago Red Squad [que] cometió actos de brutalidad contra los grupos antibelicistas locales» [4].

Fue así como los nuevos poderes secretos conferidos después del asesinato de Robert Kennedy propiciaron el catastrófico desorden de la Convención de Chicago, que prácticamente destruyó el viejo Partido Demócrata representante de los sindicatos. Los tres presidentes demócratas elegidos después de aquello fueron mucho más conservadores.

Si se aborda la cuestión del Watergate o del Irangate, ambos hechos constituyeron en cierta medida no una extensión sino un retroceso de los poderes represivos que ejercían Richard Nixon y la Casa Blanca de Reagan. Aunque de forma superficial, es cierto que estos hechos dieron lugar a reformas legislativas que parecen contradecir mi tesis de la extensión de la represión.

Pero hay que puntualizar bien la diferencia entre, de un lado, la fase inicial del Watergate (la efracción) y los dos años de crisis registrados como consecuencia de ese acto malintencionado. La crisis del Watergate mostró a un presidente obligado a dimitir por la conjunción de numerosas fuerzas, en las que se incluían simultáneamente liberales y conservadores. Pero los personajes fundamentales de la primera fase del Watergate –Howard Hunt, James W. McCord, G. Gordon Liddy y sus aliados cubanos– se situaban todos muy a la derecha de Nixon y de Kissinger. Y el resultado de sus maquinaciones no se concretó hasta el momento de lo que se dio en llamar la Masacre de Halloween, en 1975, cuando Henry Kissinger fue expulsado de su puesto de consejero para la Seguridad Nacional y se le comunicó al vicepresidente Nelson Rockefeller que quedaría al margen de la candidatura republicana en 1976. Esa importante reorganización fue planeada por otros dos personajes anclados muy a la derecha: Donald Rumsfeld et Dick Cheney, por entonces miembros de la Casa Blanca de Gerald Ford. [5]

Aquel día de 1975 se concretó la derrota final de la facción llamada «Rockefeller» –o facción liberal– del Partido Republicano. Fue reemplazada por la facción conservadora llamada «Goldwater-Casey», que rápidamente lograría apoderarse de la candidatura presidencial y luego de la función suprema a través de Ronald Reagan [6]. Esta revolución palaciega poco conocida, al igual que otras intrigas que se produjeron a mediados de los años 1970, contribuyó al cambio en Estados Unidos: este país pasó así de ser una economía capitalista de bienestar, que reducía paulatinamente las disparidades en materia de ingresos y de riqueza, a ser una «plutonomía» financiarizada en la que se invertían las tendencias anteriores [7].

A través del Irangate (tambíen conocido como el escándalo Irán-Contras), nuevamente constatamos la acumulación cada vez más creciente de poderes represivos encubiertos bajo reformas liberales. En esta época, no sólo la prensa sino también los profesores e investigadores universitarios –entre ellos yo mismo– celebraron el fin del respaldo [estadounidense] a los contras en Nicaragua, así como el éxito del proceso de paz de Contadora. En cambio, lo que generalmente no se supo fue que, aunque el teniente coronel Oliver North había sido excluido del Proyecto Juicio Final, los planes de ese programa que preparaban la vigilancia, las detenciones arbitrarias así como la militarización de Estados Unidos siguieron extendiéndose después de su partida [8].

Tampoco se vio el hecho que el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de reducir su ayuda a un pequeño ejército narcofinanciado vinculado a la CIA, estaba desarrollando en Afganistán un creciente apoyo a una coalición mucho más grande de fuerzas paramilitares aliadas a la propia CIA y financiadas a través de la droga [9]. Si bien el Irangate permitió que se supiera sobre los 32 millones de dólares que Arabia Saudita había entregado a los Contras (a pedido del director de la CIA William Casey), nada se supo sobre los 500 millones de dólares (probablemente más) que los mismos sauditas, también a pedido de Casey, habían entregado en aquella misma época a los muyahidines afganos [10]. En ese sentido, el dramatismo utilizado al presentar el Irangate en el Congreso puede ser considerado como un engañoso montaje que desvió la atención del público de la implicación, mucho más importante, de Estados Unidos en Afganistán –una política secreta que ha evolucionado desde entonces para convertirse en la guerra más larga de toda la historia de los Estados Unidos.

Si ampliamos nuestra visión del caso Irán-Contras, veremos que en realidad se trata del caso Irán-Contras-Afganistán. Tendríamos que admitir entonces que, a través de ese evento profundo complejo y mal conocido, la CIA recuperó en Afganistán la capacidad paramilitar que el almirante Stansfield Turner había tratado de quitarle cuando ocupó el cargo de director de la agencia, bajo la administración Carter. Fue, en resumen, una victoria para una facción que se componía de individuos como Richard Blee, el protector de al-Mihdhar y defensor en el año 2000 de una intensificación de las actividades paramilitares de la CIA en Afganistán [11].

Nunca olvidaré la primera plana del New York Times del 18 de junio de 1972, el día siguiente a la efracción del hotel Watergate. Allí estaban las fotos de los individuos que se habían introducido en el inmueble, incluyendo la de Frank Sturgis (alias «Fiorini»). Yo había escrito anteriormente sobre este individuo, cerca de 2 años antes, en el manuscrito de mi libro (que nunca se publicó) sobre el asesinato de JFK, La Conspiración de Dallas (The Dallas Conspiracy).

Sturgis no era un tipo cualquiera. Ex contratista de la CIA, contaba además con amplios contactos en el medio de los ex propietarios de casinos de La Habana, todos vinculados al hampa [12]. Mis primeros escritos sobre el caso Kennedy se concentraron en los vínculos entre Frank Sturgis y un campo de entrenamiento de anticastristas cubanos cercano a Nueva Orleáns, en cual Oswald había mostrado interés. También abordaban la implicación de Sturgis en falsos cuentos primarios que describían a Oswald como participante en una conspiración comunista cubana [13].

En 1983, cierto número de cubanos miembros del ejército particular de Manuel Artime, respaldado por la CIA en Centroamérica, ayudaron a Sturgis en la propagación de aquellos cuentos primarios. En 1965, la base de Artime en Costa Rica fue cerrada, supuestamente debido a su implicación en el tráfico de droga [14]. Durante los años 1980, algunos de aquellos exilados cubanos estuvieron implicados en actividades de apoyo a los contras [Los “contras” eran los miembros de las bandas contrarrevolucionarias que Estados Unidos financiaba con el tráfico de drogas para utilizarlos en su guerra sucia contra el gobierno sandinista nicaragüense. NdT.] a través del tráfico de droga [15].

El mentor político del MRR (Movimiento de Recuperación Revolucionaria) de Manuel Artime era Howard Hunt, uno de los organizadores de la operación del Watergate. En 1972, será Artime quien pagará la fianza de los cubanos que se habían introducido en el Watergate. Ramón Milián Rodríguez, un individuo que se dedicaba al lavado del dinero de la droga, declaró haber entregado a varios de los cubanos del Watergate 200,000 dólares provenientes de Artime. Rodríguez dirigió posteriormente dos empresas costarricenses de mariscos –Frigoríficos y Ocean Hunter– que blanqueaban el dinero de la droga para prestar apoyo financiero a los contras [16].

También se dijo que Howard Hunt y James McCord habían estado implicados en los planes de Artime para invadir Cuba, en 1963 [17]. No creo que sea por casualidad que Artime, el protegido de Hunt, se metió en el tráfico de droga. Como ya expliqué por otro lado, Hunt manejaba una conexión de narcóticos en Estados Unidos desde que fue, en 1950, jefe de misión de la OPC (Oficina de Coordinación Política, siglas en inglés) en México [18].

Pero James McCord, quien será posteriormente el cómplice de Howard Hunt y de G. Gordon Liddy en la preparación y ejecución de la efracción del Watergate, no sólo se había distinguido por sus actividades anticastristas en 1963. También era miembro de la red de planificación de crisis de Estados Unidos, que más tarde ocupará un lugar central tras el Irangate y el 11 de septiembre. McCord era miembro de una pequeña unidad de reserva de la fuerza aérea estadounidense en Washington, unidad dependiente de la Oficina de Preparación para Crisis (OEP, siglas de Office of Emergency Preparedness). Aquella unidad estaba encargada «de confeccionar la lista de extremistas y de organizar planes de urgencia para censurar los medios de prensa y el correo postal en Estados Unidos en periodo de conflicto armado» [19]. Su unidad formaba parte del Programa de Seguridad de la Información en Tiempo de Guerra (WISP, siglas de Wartime Information Security Program) que tenía la responsabilidad de activar «los planes de urgencia para imponer la censura de la prensa, de los correos y de todas las telecomunicaciones (incluyendo las comunicaciones gubernamentales), así como para encerrar de forma preventiva a los civiles que representen «riesgos securitarios» poniéndolos en «campos militares» [20]. En otras palabras, se trata de los mismos planes identificados en los años 1980 bajo la denominación de Proyecto Juicio Final –los planes de Continuidad del Gobierno (COG, siglas de Continuity of Government) en los que trabajaron Dick Cheney y Donald Rumsfeld han venido trabajando de conjunto durante los 20 años anteriores al 11 de septiembre de 2001.

La participación de James McCord en un sistema de planificación de urgencias encargado de [censurar] las telecomunicaciones sugiere [la existencia de] un denominador común tras prácticamente todos los eventos profundos que estudiamos. Oliver North –en la organización del Irán-Contras, Oliver Nort era el hombre de confianza del tándem Reagan-Bush dentro de la Oficina de Preparación para Crisis (OEP)– estuvo implicado también en ese tipo de planificación, y tenía acceso a la red nacional supersecreta de comunicación del Proyecto Juicio Final.
 La red de North, conocida con el nombre de Flashboard, «excluía a los demás funcionarios que tenían puntos de vista opuestos […] [y] disponía de su propia red informática mundial dedicada al antiterrorismo, […] a través de la cual sus miembros podían comunicarse exclusivamente entre sí y con sus colaboradores en el extranjero» [21].

Oliver North y sus superiores utilizaron Flashboard en operaciones especialmente sensibles, que debían permanecer secretas para los demás miembros –sospechosos u hostiles– de la administración de Washington.
 Dichas operaciones incluían entregas ilegales de armas a Irán y otras actividades, algunas de las cuales siguen siendo hoy desconocidas, que incluso pueden haber tenido como blanco la Suecia de Olof Palme [22].
 Flashboard, la red de urgencia de los años 1980 en Estados Unidos, era en 1984 y 1986 el nombre que identificaba la red operativa de la COG [Continuidad del Gobierno]. Dicha red fue planificada en secreto durante 20 años por un equipo que incluía a Dick Cheney y Donald Rumsfeld, y su costo total fue de varios miles de millones de dólares. El 11 de septiembre de 2001, los dos hombres que desde hacía tanto tiempo la habían planificado volvieron a activarla [23].

Ya en 1963 se perciben indicios del Proyecto Juicio Final, cuando Jack Crichton, jefe de la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar, participó en él, en su condición de jefe de inteligencia para la Protección Civil de Dallas, desde el Centro Subterráneo de Operaciones de Urgencia. Russ Baker cuenta que «dado que debía permitir garantizar la “continuidad del gobierno” en caso de ataque, [el centro] había sido enteramente equipado con material de comunicación» [24]. Un discurso pronunciado en la inauguración del centro, en 1961, proporciona más detalles:

«Este Centro de Operaciones de Urgencia forma parte del Plan Nacional tendiente a conectar las agencias gubernamentales federales, provinciales y locales a través de una red de comunicación a partir de la cual será posible dirigir las operaciones de salvamento en caso de urgencia local o nacional. Es parte esencial del Plan operacional de supervivencia, tanto a nivel federal como provincial y local.» [25]

En otras palabras, Jack Crichton, al igual que James McCord, Oliver North, Donald Rumsfeld y Dick Cheney después de él, formaba parte de lo que en los años 1980 se llamó Proyecto Juicio Final. Pero el objetivo de ese programa se amplió considerablemente en 1988: ya no se trataba sólo de prepararse para un ataque nuclear, sino de planificar la suspensión efectiva de la Constitución de los Estados Unidos ante cualquier tipo de urgencia nacional [26]. Este cambio, introducido en 1988, permitió la aplicación de la COG el 11 de septiembre de 2001. Hasta aquel momento, el Proyecto Juicio Final se había desarrollado hasta convertirse en lo que el Washington Post llamó «un gobierno de la sombra que ha evolucionado basándose en “planes de continuidad de las operaciones” preparados desde hace mucho tiempo atrás» [27].

Está claro que la Oficina de Preparación para Crisis (la OEP, conocida entre 1961 y 1988 bajo el nombre de Oficina para la Planificaron de Urgencias) nos proporciona un denominador común a la hora de identificar a los personajes claves que se hallan tras prácticamente todos los hechos estructurales analizados en este artículo. Queda mucho camino por recorrer antes de que se logre comprobar si la propia OEP (además de los individuos aquí mencionados) fue el origen de alguno de esos hechos. Creo, sin embargo, que las redes alternativas de comunicaciones internas de la OEP (que más tarde serán incorporadas al Proyecto 908) han desempeñado un papel significativo al menos en 3 eventos profundos: el asesinato de John F. Kennedy, el Irangate y el 11 de septiembre.

Lo anterior se demuestra fácilmente en el caso del 11 de septiembre, donde ya se sabe que Dick Cheney aplicó los planes de Continuidad del Gobierno del Proyecto Juicio Final el 11 de septiembre de 2001, incluso antes de que se estrellara el último de los 4 aviones secuestrados [28]. La Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre fue incapaz de encontrar los registros que hubiesen permitido reconstruir las principales decisiones que tomó Cheney aquel día, lo cual parece indicar que dichas decisiones sólo pudieron elaborarse a través del «teléfono seguro» situado en el túnel que conduce al bunker presidencial –tan secreto que la Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre nunca pudo obtener las grabaciones telefónicas [29]. Probablemente se trataba de un teléfono del programa de la COG.

En realidad no se sabe si el «teléfono seguro» del túnel de la Casa Blanca pertenecía al Servicio Secreto o si, como cabe esperar, era parte de la red segura de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca (WHCA, siglas de White House Communications Agency). De ser correcta la segunda hipótesis nos encontraríamos entonces ante una importante similitud entre el 11 de septiembre y el asesinato del presidente Kennedy. En efecto, la WHCA afirma en su sitio web que dicha agencia fue «un elemento clave en la documentación sobre el asesinato del presidente Kennedy» [30].
 Sin embargo, no resulta fácil comprender quién compiló esa documentación ya que la Comisión Warren no logró que se le diera acceso a los registros y transcripciones de la WHCA [31].

El Servicio Secreto había instalado un transmisor de radio portátil de la WHCA en el vehículo que encabezaba el cortejo presidencial [32]. Este utilizaba también la radio de la policía para mantenerse en contacto con el auto-piloto, en el que se hallaba George Lumpkin, director adjunto del Departamento de Policía de Dallas (DPD) y miembro de la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar [33].

Las grabaciones de las comunicaciones WHCA del convoy nunca fueron entregadas a la Comisión Warren, ni tampoco a la comisión sobre los asesinatos creada por la Cámara de Representantes ni al Comité de Estudio de los Archivos sobre Asesinatos [ARRB, siglas de Assassination Records Review Board] [34]. Por lo tanto, no podemos determinar si dichas grabaciones pudieran explicar algunas de las anomalías comprobadas en los dos canales del Departamento de Policía de Dallas. Por ejemplo, dichas grabaciones habrían permitido aclarar la llamada de origen desconocido que grabó la policía de Dallas. Dicha llamada proporcionó la descripción de un sospechoso exactamente de la misma estatura y el mismo peso –erróneos por demás– que aparecían en los expedientes del FBI y la CIA sobre Oswald [35].

En este año 2011, vivimos aún bajo el estado de urgencia proclamado por el presidente Bush desde el 11 de septiembre de 2001. En todo caso, ciertas disposiciones de la COG siguen en vigor, y fueron incluso reforzadas por Bush a través de la Directiva Presidencial 51 (PD-51) de mayo de 2007. El Washington Post comentaba en aquel entonces la PD-51 en los siguientes términos:

«Después de los atentados de 2001, Bush nombró un centenar de altos funcionarios civiles, entre ellos a Cheney, para que se turnaran en secreto durante varias semanas, o varios meses, en instalaciones de la COG situadas fuera de Washington, para garantizar la supervivencia de la nación. Constituyen así un gobierno de la sombra que ha evolucionado en base a ‘planes para la continuidad de las operaciones’ preparados desde hace mucho tiempo.» [36]

Es posible que este «gobierno de la sombra» haya definido los objetivos finales de los proyectos de la COG ya previstos desde hace tiempo, como por ejemplo la vigilancia sin mandato [judicial], sobre todo gracias a la Patriot Act. Las controvertidas disposiciones de esta legislación ya habían sido puestas en aplicación por parte de Cheney y de otros funcionarios, incluso mucho antes de que el proyecto de ley llegara al Congreso, el 12 de octubre de 2001 [37].
 Otros proyectos de la COG que fueron puestos en práctica incluían la militarización y la vigilancia interna bajo la dirección del NORTHCOM, así como el proyecto del Departamento de Seguridad Interna llamado Endgame –un plan decenal de ampliación de los campos de detención que sólo en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2007 alcanzó un costo de 400 millones de dólares [38].

Tengo, por consiguiente, una recomendación para el movimiento Occupy, que muy justamente se rebela en contra de los excesos plutocráticos que Wall Street ha cometido durante las últimas tres décadas. Mi recomendación es llamar a que se ponga fin al estado de urgencia que se mantiene en vigor desde el año 2001. En virtud de ese estado de urgencia, desde el año 2008 una brigada de combate del ejército estadounidense se mantiene permanentemente en posición, en Estados Unidos, en parte para que esté lista «a contribuir al control de las multitudes y de disturbios sociales» [39].

Los amantes de la democracia deben hacer todo lo posible por evitar que la crisis política que actualmente se desarrolla en Estados Unidos se resuelva por la vía militar.

Yo diría, en conclusión, que desde hace medio siglo la política estadounidense ha sido influenciada y se ha visto alterada por la no-solución del asesinato de Kennedy. Según un memorándum del 25 de noviembre de 1963, redactado por el fiscal general adjunto Nicholas Katzenbach, en aquel entonces era importante convencer a la opinión pública de que «el asesino era Oswald» y de que «no había cómplices» [40]. Por supuesto, esta prioridad se hizo más importante aún después de la adopción simultánea de esas dudosas proposiciones por parte de la Comisión Warren, de las instituciones estadounidenses y de la prensa dominante.

Esta disimulación de la verdad se ha convertido desde entonces en una embarazosa prioridad para todas las administraciones posteriores, incluyendo a la actual. En ese sentido podemos citar, por ejemplo, el caso de Todd Leventhal, funcionario del Departamento de Estado –bajo la administración Obama– cuya función oficial consistía –hasta hace poco– en defender la tesis del loco solitario en respuesta a las tesis de los llamados «conspiracionistas» [41].

Si Oswald no fue un asesino solitario, no sería sorprendente que existiese un vínculo entre quienes falsificaron los informes sobre él y quienes han deformado la política de Estados Unidos en los posteriores eventos profundos, empezando por el Watergate.

Desde los eventos profundos de 1963, la legitimidad del sistema político de los Estados Unidos se ha visto atrapada en una mentira que los eventos profundos posteriores han ayudado a proteger [42].

PETER DALE SCOTT

Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la traducción al francés de Maxime Chaix y Sven Martin.

Red Voltaire

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